Protestas políticas explotan en Colombia mientras el país ventila el legado de Uribe

Un terremoto político cimbró a Colombia a principios de mes, y se siguen sintiendo las réplicas.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó una orden para colocar al expresidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez, bajo arresto preventivo domiciliario.

Su arresto, el 4 de agosto desató protestas nacionalmente, marcando las tensiones políticas y la polarización en Colombia. Esta es la primera vez en la historia moderna de la Colombia que se toma una medida de detención contra un expresidente.

Uribe es visto como la figura política colombiana más relevante del siglo 21. (En diciembre de 1957, Gustavo Rojas Pinilla, general militar que tomó el poder mediante un golpe de estado fue detenido y enviado a una fragata de la Armada en el Caribe). Uribe, de 68 años, se encuentra ahora internado en su rancho, enfermo víctima del Covid-19. Hay la expectativa que pasará hasta un año privado de libertad mientras la Corte Suprema investiga los presuntos delitos en un caso de manipulación de testigos. “La privación de mi libertad me causa una profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho la Patria”, escribió Uribe en Twitter.

La representante a la Cámara de Colombia, Margarita Restrepo, señaló el fuerte contraste de la detención de Uribe con la libertad de los jefes guerrilleros, protegidos por los Acuerdos de Paz, firmados en 2016, a pesar de sus crímenes. “No entiendo la justicia en Colombia… Narcotraficantes y violadores de niños de las FARC: libres… Pero el hombre que ha combatido las tres plagas anteriores: preso”, consignó la congresista en sus redes sociales.

A pesar de diferencias políticas, los expresidentes Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos enviaron mensajes de solidaridad a Uribe. Uribe representa a la derecha y sus opositores a la izquierda, en una nación teñida por conflictos internos y división desde sus inicios hace 211 años, incluida una lucha de medio siglo con la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El expresidente gobernó Colombia, dos periodos de cuatro años, entre 2002 y 2010. Uribe recibió un país en llamas, con la guerrilla controlando gran parte del territorio colombiano, alrededor del 10% de los municipios. Secuestros, extorsiones a automovilistas en las carreteras, bombardeos a pueblitos con pipas de gas artesanales, y asaltos a poblados en los llanos orientales y selva amazónica de Colombia, eran comunes. El programa de seguridad democrática de Uribe ejecutó campañas exitosas contra las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro grupo guerrillero, y la popularidad de Uribe creció al 70% en su primer período. En 2006, Uribe logró un Acuerdo de Paz con el grupo paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acusado de asesinatos, secuestros y masacres de población civil en su guerra contra la guerrilla de izquierda. Al final de su mandato, Uribe apoyó a Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, para la candidatura presidencial. Santos ganó las elecciones, pero se distanció de Uribe y centró su política nacional en lograr un acuerdo de paz con las FARC. El gobierno de Santos firmó la paz con la guerrilla de izquierda, a pesar de que su gobierno perdió un

referendo sobre la ratificación del pacto. Uribe y su partido Centro Democrático encabezaron la oposición al acuerdo, acusando a las FARC de crímenes de guerra: violación y reclutamiento de menores, encarcelamiento cruel de rehenes. Pidieron que no hubiera perdón para los guerrilleros. Sin embargo como resultado de las negociaciones, Santos recibió el Premio Nobel de Paz en 2016 y 8,000 combatientes de las FARC dejaron las armas. En 2018, Iván Duque Márquez fue elegido presidente de Colombia con el apoyo de Uribe. El expresidente ganó un escaño en el Senado con el máximo de votos en el país con más de 800,000 votos. Ahora, Uribe afronta el momento más difícil de su vida. El 12 de agosto, Uribe, quien se encuentra aislado en “El Uberrimo” por el nuevo coronavirus, escribió en un Twitter: “Hoy fui reseñado como preso # 1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por las FARC, su nueva generación y aliados”.

El mismo día, la Corte Suprema suspendió el escaño senatorial a Uribe y ordenó buscar un reemplazo. El renunció su curul en el Senado la semana pasada. Los problemas políticos de Uribe comenzaron en 2014, con una demanda que interpuso contra su Némesis el senador Iván Cepeda, integrante del izquierdista Polo Democrático. En debates parlamentarios, el legislador presentó declaraciones de exparamilitares que decían que el expresidente y su hermano Santiago habían fundado el Bloque Metro de las AUC. En la demanda Uribe Vélez, acusó a Cepeda de presentar testigos falsos y manipularlos para que dijeran mentiras sobre sus acciones. La demanda fue archivada, pero resurgió en 2018, luego de que se revelara un video del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien cumplía condena en la cárcel La Picota, en Bogotá.

En el video, grabado en 2013, Monsalve aseguró que la finca rural Guacharacas, propiedad del expresidente, fue la ubicación donde se creó el Bloque Metro, que operó en el departamento de Antioquia, del que Uribe fue gobernador de 1995 a 1997.

Cepeda es el entrevistador de Monsalve, quien dice que Uribe fue cómplice del Bloque Metro, cuando era trabajador en la hacienda Guacharacas.

Esta vez, la Corte Suprema cambió los papeles y abrió una investigación contra el expresidente por presuntamente intentar manipular a testigos que testificaron que la familia de Uribe ayudó a fundar el Bloque Metro.

Uribe ha negado cualquier acusación en su contra sobre su participación en actividades paramilitares.

Duque, el presidente de Colombia, publicó un video en sus redes sociales en el que apoya a Uribe: “Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia”.

(Editado por Rafael Prieto y Fern Siegel)



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